CAMIONEROS 2

Camioneros a la justicia por Ley de Seguridad del Estado

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Linares.- Cuatro importantes dirigentes de los camioneros y el mundo productivo de Linares serán formalizados por el Ministerio Público por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado en el marco de las movilizaciones realizadas el año pasado, específicamente en el mes de octubre.

Se trata de los líderes Ferenc Alexasmder Massow Simi, Paulo Luis Alfonso Valdivieso Castro, Gustavo Alonso Parada Gutiérrez y el más controvertido y polémico de todos, es decir, el empresario Abraham Lincon Araya Morales.

Los empresarios fueron notificados durante las últimas horas por la fiscal jefe del Ministerio Público, Carola D’Agostini y deberán presentarse el 14 de octubre a las 09:40 horas en los tribunales de garantía situados frente a Plaza de Armas. De no asistir arriesgan ser detenidos por Carabineros de Chile.

La acusación podría significar un “duro golpe” para los líderes quienes históricamente han sido quienes han guiado las distintas manifestaciones tanto del mundo agrícola y camionero, con “toma” de carreteras inclusive.

En este caso puntual se trata del bloqueo de la carretera Cinco Sur el pasado 16 de octubre de 2014. En ese entonces los dirigentes convocaron a las bases a sumarse a una protesta convocada por la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Lo que fue calificado como una jornada de reflexión por las dificultades para entrar a los terminales, el impuesto a los combustibles y la imposibilidad de ingresar a Santiago con camiones antiguos terminaron provocando diversos problemas entre quienes se movilizaban al norte y sur del país. Las protestan se concentraron en Iquique, Santiago, Placilla, Linares, Curicó y Talcahuano.

A los dirigentes en cuestión se les acusa como autores de infringir el artículo 6 letra d) de la Ley Nº 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado cometido en la salida a Linares, específicamente en la Ruta Cinco sur, kilómetro 300 los días 16 y 17 de octubre del año recién pasado.

En lo estrictamente procesal, la LSE permite perseguir penalmente a los ciudadanos mediante un catálogo de penas mayor al que comúnmente es posible aplicar, mediante la normativa general fijada por el Código Penal. Es decir, sin LSE, la sanción por participar en desórdenes públicos es de una pena baja, probablemente una multa, pero con LSE, la penalidad puede elevarse desde 541 días a 5 años de privación de libertad.

Además todas aquellas personas que condenadas por delitos previstos en esta ley quedan inhabilitadas para ejercer cargos y oficios públicos, de acuerdo a las normas del Código Penal.

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